Domingo a media mañana. Un grupo de activistas en defensa de los animales denuncia la zoocosis, también conocida como la “locura del cautiverio”. Con remeras negras de luto, cuelgan algunas banderas con leyendas como “Eco fraude” en las rejas del histórico Zoológico de Buenos Aires. Sitio que, actualmente, está en “transformación progresiva” hacia un Ecoparque, mediante una ley sancionada por la Legislatura porteña hace poco más de un mes.Como trascendió públicamente en ese entonces, la iniciativa prevé dejar de exhibir animales en cautiverio para convertir el predio en un ámbito recreativo, educativo y de preservación de flora y fauna. Entre otras medidas, se suma una Comisión de Seguimiento integrada por 11 legisladores que deberán controlar y monitorear por dos años el cumplimiento de los objetivos y las cláusulas explicitadas en la ley.
Temas como rehabilitación, reinserción, protección, adecuación y altos estándares de bienestar animal se destacan como puntos salientes de dicho marco legal.
A pesar de la medida, todos los fines de semana el grupo de activistas volantea e informa que nada de lo previsto se está llevando a cabo para que los “animales presos”, que aún están en el zoo, recuperen su dignidad.
Andrés Freire, ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, ratificó a NOTICIAS que el traslado de las especies es un proceso lento, de tiempos animales y no ingenieriles. Que cada ejemplar era una historia clínica aparte y que había que garantizar su bienestar.
Sin embargo, Malala Fontán, referente de la agrupación Sin Zoo que lleva adelante las acciones frente al predio porteño, denuncia que los 376 animales que sacaron de la colección de 1500 con que contaba la institución eran los que pertenecían a la Dirección Nacional de Fauna Silvestre.
Se trataba de animales capturados en decomisos de tráfico ilegal y llevados al zoológico, que funcionaba como un depósito. De ese total, solo 35 fueron trasladados a un centro de rehabilitación, el denominado Guirá Oga en Misiones, mientras que otros continuaron en el circuito del zoológico.
Algunos ejemplares fueron trasladados al zoo de Córdoba, que actualmente está imputado por maltrato animal, mientras que otros fueron llevados a Tatú Carreta, una reserva de la misma provincia, sospechada de tráfico ilegal de especies. El resto fue destinado al parque de diversiones Peko’s, dedicado al entretenimiento y no a la protección.
Si bien la ley indica el traslado de los ejemplares a destinos adecuados de acuerdo a la normativa vigente, dice Fontán, esta no se estaría cumpliendo.
Por su parte, Freire señala que hay animales como jirafas, felinos, camellos, hipopótamos y rinocerontes, entre otros, que permanecerán hasta su muerte dentro del proyecto Ecoparque y que serán parte del proceso educativo; no para entretener al ser humano, sino para entender lo que es la vida animal y el cuidado del medio ambiente.
Para Fontán, no tiene nada de educativo mostrar a un animal “preso”, ya que este no puede manifestar ninguna conducta que le es propia por su genética. Asegura que el Ecoparque es una mentira para seguir sustentando la explotación de animales, y que los zoológicos son la fachada del negocio lucrativo del tráfico ilegal.
A su juicio, el Ecoparque por sí solo no frenaría la explotación animal, si no se implementan medidas más trascendentales a corto, mediano y largo plazo. Concluye que “el predio tiene asignado un presupuesto de 502 millones de pesos, con ese monto se puede mandar a los animales a los santuarios, rehabilitarlos para reinsertarlos en las provincias, remodelar los recintos, sacarlos de exhibición y, aún con todo esto, llevar a cabo el Ecoparque”.
En abril próximo comenzará a elaborarse un master plan influenciado por los proyectos premiados a través del concurso organizado por la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología porteño, con auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea). Cada ganador cobró 45 mil dólares y hubo cuatro menciones reconocidas con 5000 dólares cada una.
La ONG Sin Zoo, que había promovido la ley Jardín Zoológico, propuesta por el legislador Adrián Camps (PSA) y desplazada por el proyecto de ley oficial que, denuncian, “nada tiene que ver con los anuncios”, dice que “con esa plata de los premios se podría haber trasladado perfectamente tres elefantes”.
